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Crónicas sobre techo y dignidad entre espacios y derechos desiguales

Familias de Las Gladiolas buscan “garantías” de gobierno | elVocero

Veinte de las 125 familias desalojadas del residencial público Las Gladiolas esperan al exterior de la Administración de Vivienda Pública (AVP), hasta que el subadministrador les atienda, esto ante el aviso de que no les garantizarán su regreso a la comunidad que tuvieron que abandonar en 2010.

Origen: Familias de Las Gladiolas buscan “garantías” de gobierno – elVocero

Las familias se pusieron de acuerdo para aceptar ser reubicadas bajo el Programa Sección 8 16 de mayo del 2017

Veinte de las 125 familias desalojadas del residencial público Las Gladiolas esperan al exterior de la Administración de Vivienda Pública (AVP), hasta que el subadministrador les atienda, esto ante el aviso de que no les garantizarán su regreso a la comunidad que tuvieron que abandonar en 2010.

“Nos dijo que si no aceptamos el realojo, no nos aseguran espacio”, comentó Mirta Colón, portavoz de Las Gladiolas Renace, que agrupa a las familias que durante siete años han estado esperando la reconstrucción del residencial implosionado y el regreso a su hogar.

Denunció, en entrevista con EL VOCERO, que el subadministrador de Vivienda Pública, William Rodríguez, citó hoy a seis de los residentes por separado, pero cuando llegaron a la reunión 20 familias -en lugar de las seis que había citado de forma individual- se negó a atender a la comunidad.  “Lo único que estamos pidiendo es una reunión y nos la están negando”, expresó Colón.

De 125 familias, que vivían originalmente en Las Gladiolas, quedan 23 esperando ser reubicadas en su antigua comunidad como les había prometido el gobierno. Estas 23 familias viven en el mercado privado, luego que el gobierno les proveyó esa opción como vivienda temporal con la promesa de que retornarían a su residencial público tan pronto fuera reconstruido con fondos federales e inversión privada.  Este acuerdo se firmó en 2010 bajo la administración de Luis Fortuño.

Sin embargo, los arrendadores del mercado privado los han intentado desahuciar debido a que la AVP no les paga la renta desde julio de 2016.  El Tribunal de Apelaciones determinó “no ha lugar”, pues quien suscribe el contrato como arrendatario es el Estado.

Colón contó a EL VOCERO que las familias se pusieron de acuerdo para aceptar ser reubicadas bajo el Programa  Sección 8 de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, pero están solicitando un documento donde el gobierno garantice que se trata de un realojo temporal con estatus de residente bonafide. Solicitan además que AVP se haga cargo de la fianza y la mudanza porque les corresponde como residentes de vivienda pública.

“¿Por qué no nos atiende, si lo que queremos es ultimar unos detalles?”, cuestionó la líder comunitario.

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